Pulcritud del IFE
Francisco Rodríguez viernes 9, Ago 2013Índice político
Francisco Rodríguez
Los teóricos dirían que la corrupción política -entendida como la utilización espuria, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general- es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo.
Como sea, este cáncer debe preocupar muy seriamente a todos quienes nos asumimos demócratas, ya que precisamente corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático.
La corrupción política, también, rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social.
Asimismo, la corrupción política traiciona el estado de Derecho.
Y, por supuesto, la corrupción de los políticos supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.
Todo ello acaba de ser premiado y no sancionado en el Instituto Federal Electoral, cuyos consejeros votaron unánimemente no emprender acción legal alguna en contra de Miguel Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de administración de ese organismo, a quien la Contraloría General del propio IFE señaló con responsabilidades por 124 millones de pesos en la adquisición, en 2009, de un edificio para oficinas.
Y es que, de acuerdo al dictamen rechazado por los consejeros, Santos Madrigal adquirió en 262 millones de revalorados pesitos lo que en avalúos sólo alcanzaba un precio de 118 millones.
Pero, ¿sabe usted que esta de hace dos días no fue la primera ocasión en la que los señores consejeros, capitaneados en banda por el controvertido Leonardo Valdés, exoneran a Santos Madrigal de presumibles actos corruptos?
Ya el 25 de julio de 2011, en sesión extraordinaria del Consejo General, por votación unánime de los consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños Martínez, doctora María Macarita Elizondo Gasperín, maestro Alfredo Figueroa Fernández, doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, doctor Benito Nacif Hernández y el consejero presidente, doctor Leonardo Valdés Zurita -¡uf, ¡cuántos posgrados y entorchados!-, resolvieron exonerar al presumible pillastre por los desmedidos gastos en la remodelación de una bodega por la que se paga de renta 1.5 millones de pesos al mes, esto es, 18 millones de pesos al año. ¿Sabe usted cuánto gastó Santos Madrigal en la adecuación de este inmueble? Más de 50 millones. Más de tres años de rentas.
Pero, lo peor, fue que ya incrementada la plusvalía del inmueble, el IFE decidió dejar de alquilarlo y lo compró en ¡250 millones de pesos!
Dinero de los contribuyentes es lo que sobra, ¿qué no?
DESPRESTIGIO
El propio contralor del IFE, Gregorio Guerrero, lamentó este incremento en el desprestigio del ya deshonrado IFE: “Algunos consejeros -dijo- que habitualmente hacen encendidas defensas y se llenan la boca de conceptos como rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy han empañado su nombre y empeñado su inteligencia dejando como contribución al IFE una buena dosis de impunidad. No sólo lamento la decisión del consejo, me produce indignación y hasta un poco de vergüenza, estoy seguro que si se tratara de su dinero y no de dinero público sí hubieran notado la diferencia. Hoy, los consejeros del IFE se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”, acusó.
La corrupción campea, pues, en el que debiera ser el templo de la democracia.
Y en una sociedad abierta y democrática como pretende ser la mexicana, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asuela.
Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola. Los sobornadores (promotores empresariales), a veces causantes, a veces víctimas. Los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla. El estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla. Las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea. Los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto. La intelectualidad, poco comprometida en su erradicación. La ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.
La corrupción, decían los cómicos, “¿somos todos?”.
En el IFE, coincidirá usted conmigo, todo indica que sí.
Índice Flamígero: Se le acumula la “chamba” al procurador Jesús Murillo Karam. Ahora tendrá que atender también la denuncia penal interpuesta por el contralor del IFE, Gregorio Guerrero, en contra de quienes ejecutaron, autorizaron y solaparon la compra de un edificio a precios abultados, lo que a todas luces es un fraude en contra de los contribuyentes.
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