Mayoría de estadounidenses apoya la SB1070
Mundo jueves 13, May 2010
Una amplia mayoría de estadounidenses apoya la persecución de inmigrantes ilegales en Arizona, mientras sólo el 25 por ciento respalda la política del presidente Barack Obama, que incluye legalizar a millones de indocumentados, mostró un estudio publicado el miércoles.
La polémica ley de Arizona aprobada el mes pasado requiere que la policía estatal y local, luego de realizar un “contacto legal”, revise la situación migratoria de cualquiera que ellos sospechen de manera razonable que se encuentra ilegalmente en el país y arreste a quienes no puedan presentar sus papeles.
El informe de Pew Research Center for the People and the Press (www.people-press.org) encontró que el 59 por ciento de los adultos encuestados en un sondeo nacional dio apoyo total a la ley, que opositores dicen es inconstitucional y un mandato de discriminación étnica.
El 73 por ciento dijo apoyar una medida que le pida a las personas presentar documentos que verifiquen su estado legal si la policía se los pide, mientras el 67 por ciento aprueba permitir a la policía detener a quien no pueda verificar que se encuentra en el país de forma legal.
La nueva ley provocó un debate sobre inmigración en la política estadounidense, y reinició un esfuerzo de Obama y senadores demócratas por reformar las leyes federales de inmigración, pese a que es vista como una apuesta demasiado grande antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.
Obama apoya un sistema que le permita a los inmigrantes indocumentados con buen comportamiento pagar una multa, aprender inglés y convertirse en ciudadanos. También respalda endurecer la seguridad fronteriza y perseguir a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.
La encuesta, realizada a 994 adultos, encontró que sólo el 25 por ciento apoya el manejo de Obama sobre la política inmigratoria, mientras más del doble -54 por ciento- dijo que la desaprobaba.
El estudio encontró que incluso los demócratas están divididos por la ley de Arizona, que entrará en efecto a fines de julio, con un 45 por ciento apoyándola y un 46 por ciento que dijo desaprobarla.
La medida, promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, desató críticas internacionales, impugnaciones legales y un llamado a boicotear económicamente al estado del Gran Cañón.
